Código Procesal Penal, acuerdos económicos y coerción judicial: El caso Jet Set bajo la lupa pública y legal.

 NOTA DE PRENSA

Por Raquel Peralta:

Código Procesal Penal, acuerdos económicos y coerción judicial: El caso Jet Set bajo la lupa pública y legal.

Santo Domingo, R.D. El caso de la tragedia en la discoteca Jet Set, ocurrida el pasado 7 de abril y que cobró la vida de más de 230 personas, continúa provocando reacciones tanto en la esfera judicial como en la opinión pública. En las últimas semanas, el proceso ha estado marcado por acuerdos económicos entre víctimas y propietarios, así como por medidas de coerción judicial impuestas a los principales responsables del establecimiento.

Acuerdos económicos bajo el amparo del Código Procesal Penal

Varios de los familiares de víctimas han llegado a acuerdos reparatorios con los representantes legales del Jet Set, basados en los artículos 281 y 382 del Código Procesal Penal Dominicano (CPP). Estas disposiciones permiten salidas alternas al proceso penal cuando las partes llegan a una conciliación.

> “Estos acuerdos no eliminan la responsabilidad penal cuando el delito tiene implicaciones colectivas. El caso Jet Set no puede cerrarse con dinero”, declaró el abogado penalista Lic. Orlando Marte, representante de varias familias.

“El CPP contempla acuerdos, pero el Ministerio Público debe garantizar que no haya impunidad en casos con pérdidas humanas de esta magnitud”, añadió el jurista

Por su parte, la defensa técnica de los propietarios justificó las acciones:

 “Los acuerdos se hicieron bajo consentimiento libre y legítimo de las partes. Lo económico no sustituye lo penal, y enfrentaremos el proceso conforme a derecho”, expresó la abogada Laura Gómez, defensora de los imputados.

Medidas de coerción contra los hermanos Espaillat.

El tribunal impuso tresmedidas de coerción a los hermanos Juan Carlos y Víctor Espaillat, señalados como propietarios y responsables del local:

1. Impedimento de salida del país.

2. Presentación periódica cada 15 días ante el tribunal.

3. Pago de una garantía económica de RD$2,000,000 mediante contrato.

Estas medidas fueron solicitadas por el Ministerio Público y acogidas por el juez, con el objetivo de asegurar la permanencia de los imputados en el país mientras continúan las investigaciones sobre la presunta negligencia criminal en el manejo del establecimiento.

La fiscal del caso, Dra. Natacha Rivera, afirmó:

> “Contamos con evidencias que sugieren violaciones graves a las normas de seguridad, así como intentos de alterar la escena posterior a la tragedia.”

Clamor social y exigencia de justicia.

Diversas organizaciones sociales y familiares de las víctimas han manifestado preocupación ante la posibilidad de que el proceso penal se debilite por los acuerdos económicos. Desde el colectivo Voces por Jet Set, se emitió un enérgico llamado:

 “La memoria de nuestros seres queridos exige justicia real. No aceptaremos que se cierre este capítulo sin consecuencias penales claras”, expresó Karla Mateo, vocera del grupo:

La tragedia del Jet Set ha reabierto el debate sobre la responsabilidad empresarial, el rol del Estado en la fiscalización, y la efectividad del Código Procesal Penal ante casos con múltiples víctimas. La sociedad dominicana permanece vigilante, esperando que el caso se maneje con total transparencia y respeto a la verdad